Hace dos años publiqué este post con un fragmento del libro de Carlos Fernández Liria A quien corresponda. Sobre Cuba, la Ilustración y el socialismo, algo ha cambiado el contexto pero el texto de Carlos sigue conteniendo muchas verdades incómodas y, por tanto, calladas.
Supongo que todos estaremos de acuerdo en que no basta con que la Constitución diga que hay Estado de Derecho para que admitamos que, en efecto, lo hay. Fundamentalmente, decimos que una sociedad está en Estado de Derecho cuando en ella hay una división de poderes, es decir, cuando el poder que legisla, el poder que juzga y el poder que gobierna son independientes entre sí, de modo que, por ejemplo, el gobierno puede ser llevado a los tribunales para ser juzgado con arreglo a unas leyes que no han hecho ni jueces ni gobernantes.
Pero esto es una cosa que decimos, igual que puede decirlo la Constitución. Lo difícil no es estar más o menos de acuerdo con esa definición. Lo difícil es averiguar lo que ponemos en juego para distinguir una sociedad que dice estar en estado de Derecho, de una sociedad que efectivamente lo esté. Así por ejemplo, en el 17 de abril de 1989, Pinochet declaró que Chile ya estaba lo suficientemente maduro para volver a ser un Estado de Derecho, que él ya había matado a suficientes marxistas, comunistas e izquierdistas y, que, por tanto, ya podían convocarse elecciones sin peligro de que ganaran las izquierdas, aunque, desde luego –advirtió-, “si gana una opción de izquierdas o se toca a uno solo de mis hombres, se acabó el Estado de Derecho”. El 17 de abril de 1989, por tanto, los medios de todo el planeta celebraron la vuelta de Chile a la democracia. Y, desde entonces, ha habido democracia y Estado de Derecho en Chile, ya que, puesto que no ha ganado las elecciones ninguna opción de izquierdas, no ha sido necesario volver a dar un golpe de Estado. En 1990 ganó Patricio Alwyn, un antiguo golpista democristiano y, cuando han ganado los socialistas, han seguido, como si tal cosa, haciendo lo que mandaba el FMI, porque durante los dieciséis años de dictadura ya aprendieron eso de que quien manda, manda, y que si no, ya se sabe, “se acabó el Estado de Derecho”.
El caso es que, puesto que se celebran elecciones y no ganan las izquierdas y por tanto no hay golpes de Estado, podemos decir que en Chile hay Estado de Derecho. Lo mismo ocurre en Colombia: durante estas últimas décadas, los paramilitares se han ocupado de matar a tiempo –a veces “justo a tiempo”, el día antes- a todos los que siendo de izquierdas podían ganar las elecciones, de modo que luego los comicios electorales se han podido celebrar sin sacar los tanques a la calle, a causa de lo cual podemos decir en nuestra prensa democrática que Colombia es una democracia y está más o menos en Estado de Derecho (al contrario, ya se sabe, que Cuba). En Haití dejó de haber Estado de Derecho en 1990, a causa de que, por abrumadora mayoría, había ganado las elecciones el peligroso cura izquierdista Aristide, que amenazó en seguida con subir el salario mínimo 20 centavos, por lo que, ante semejante fallo del sistema democrático, se hizo necesario dar un golpe de Estado, implantar una dictadura y matar a varios miles de personas, entre torturas horrorosas; como resulta que no se mató a los suficientes, en el 2000 volvió a ganar las elecciones Aristide, por lo que se hizo necesario otro golpe de Estado en julio de 2001, que, como fracasó, hizo necesario otro más, en diciembre de 2001, que fracasó también, por lo que se recurrió a bloquear todas las ayudas de Banco Interamericano de Desarrollo y todos los créditos del FMI, hundiendo la economía haitiana en un abismo sin fondo, y así hasta el golpe de Estado de este año 2004, que ha triunfado por fin, con la complicidad, por cierto de toda Europa; en cuanto se haya matado a todos los que tengan el propósito electoral de subir el salario mínimo de las Alpha Industries, en Haití se podrá restaurar, sin riesgo, el Estado de Derecho.
La historia de Latinoamérica está plagada de casos así. Pero, los paladines de la democracia y las libertades, como Mario Vargas Llosa, no ven nada raro en todo esto. Sin ir más lejos, aunque Chávez ganó en cuatro años ocho consultas electorales, a sus ojos y los de nuestra prensa democrática no ha cabido duda, en todo este tiempo, de que es un dictador -ya que es de izquierdas. Si hubiera triunfado el golpe “cívico-militar” del 2002, si se hubiera asesinado a Chávez y se hubieran exterminado a unas cuantas decenas de miles de bolivarianos, de modo que ya no se corrieran riesgos electorales, no cabe duda de que a los ojos de nuestros bienaventurados medios de comunicación se habría dejado aVenezuela bien madurita para la democracia y la división de poderes. De hecho, como se recordará, el golpe de Estado de abril del 2002 que colocó por 24 horas al jefe de la patronal en el poder, fue celebrado por El País, El mundo y todos las televisiones españolas y europeas como una “tranquila” “restauración de la democracia”.
Cuento todo esto que siempre suelo contar para que se vea que con semejantes criterios no hay manera de averiguar si las sociedades que dicen estar en Estado de Derecho realmente lo están, de modo que habrá que poner manos a la obra para buscar otro criterio, al menos si no queremos estar hablando por hablar (aunque bien es verdad que es una actividad bastante bien pagada en el Grupo PRISA, en tanto resulte eficaz para impedir que se hable de lo que hay que hablar). En España, por ejemplo, la última vez que ganó una opción electoral lo suficientemente de izquierdas como para molestar un poco a los Botín y los March, fue en 1936, y el desliz se pagó tan caro como todos sabemos. Lo mismo pasó en Grecia (1967). Y en Italia no pasó, porque EEUU ya se encargó de advertir que como pasara invadirían el país. Uno no se puede cansar de repetir que, en toda la historia del siglo XX no ha habido ni una sola vez en que una opción electoral de izquierdas haya podido intervenir en los asuntos del capital sin que el experimento no haya sido corregido por un pinochetazo.
Así ha sido nuestro tan cacareado Estado de Derecho: un Estado de Derecho en el que las izquierdas jamás han tenido derecho a ganar las elecciones. Las izquierdas han tenido derecho -como lo tienen, por ejemplo, hoy día en toda Europa- a intentar ganar las elecciones, eso sí. Pero no a ganarlas, porque entonces se monta la de Dios y “se acabó el Estado de Derecho”. Esto es una cosa que la historia del siglo XX ha grabado en el alma de los votantes con sangre y con fuego: si se quiere que haya democracia y Estado de Derecho, hay que votar a las derechas. También se puede votar a las izquierdas que hagan políticas de derechas. Pero no a las izquierdas que hagan políticas de izquierdas. Así pues, no es que las izquierdas de izquierda se hayan empeñado en ser revolucionarias. De ninguna manera. Es que no se les ha dejado, jamás, otra opción. La opción no ha sido nunca, oCastro o Allende, la opción ha sido o Castro vivo o Allende muerto.
Mirando el siglo XX a lo largo, resulta que a lo que hemos llamado Estado de Derecho no es exactamente a lo que antes definimos como tal, sino más bien a ese paréntesis entre dos golpes de Estado en el que el capital se puede permitir convocar elecciones porque no hay posibilidad de que ganen las izquierdas (suficientemente diezmadas en el golpe anterior: así por ejemplo, en España, para poder gozar de 25 años de democracia que llevamos por ahora, tuvimos que tener 40 de dictadura para purgar las malas hierbas).
Así pues, es de lo más interesante investigar qué diablos es lo que estamos diciendo cuando decimos que en España hay Estado de Derecho y en Cuba no. Porque, en efecto, algo decimos, de todos modos. ¿En dónde reside la fuente de las evidencias empíricas que convierten a los países europeos en Estados de Derecho y a Cuba, en cambio, no? Para dar con alguna evidencia empírica, pensemos, por ejemplo, en lugar de en Vargas Llosa, en ciertos izquierdistas, críticos del castrismo como el que más: “yo, en Cuba, estaría en la cárcel”, suelen argumentar. Yo no estaría tan seguro, pero, vete a saber. Lo interesante, sin embargo, es empezar por reflexionar por qué no están en la cárcel en España y por qué sí lo habrían estado en el Chile de Pinochet. ¿Será porque Chile era una dictadura y España no lo es? ¿O no será más bien al revés, invirtiendo causas y efectos? ¿No será que Chile fue una dictadura porque había que meter en la cárcel a cierta gente? ¿No será que para impedir que las izquierdistas ganaran las elecciones, era necesario que Chile fuera una dictadura y España, en cambio, donde las izquierdas no pueden ganarlas o son tan de derechas como la derecha, no es necesario recurrir a métodos tan contundentes? ¿Para qué meter en la cárcel a los cuatro imbéciles de izquierdas que quedan por ahí haciendo el payaso en Internet? Supongo que se advierte que es muy distinto plantear las cosas de una manera que de otra. En nuestros benditos Estados de Derecho no se nos mete en la cárcel no porque sean Estados de Derecho, sino porque somos inofensivos. Si algún día dejáramos de serlo, se nos arrancaría la piel a tiras. Bastaría con que tuviéramos alguna posibilidad de ganar las elecciones y cumplir, por ejemplo, con nuestra promesa electoral de nacionalizar la banca, para que acabáramos enterrados en cal viva (y no sólo nosotros sino todos los que tuvieran cara de querer subir un centavo el salario mínimo, que así se empieza y no se sabe cómo se acaba).
Si aquí no se mete en la cárcel a ese tal Fulano de tal que siendo tan izquierdista está tan convencido de que “en la dictadura castrista” estaría en la cárcel, seguro que no es porque en España haya libertad de expresión, sino porque seguro que ese Fulano de tal no tiene aquí ninguna posibilidad de hacerse oír ni de influir en nada que tenga importancia. Si un directivo loco pusiera en las manos de ese Fulano la sección de economía del Telediario, le despedirían al día siguiente. Y si entonces bajara un dios de los cielos para hacerle director vitalicio de los Informativos, y él pretendiera seguir siendo tan izquierdista como siempre había sido en esta bendita democracia, a las veinticuatro horas le habrían pegado un tiro en la nuca. Pero nunca es necesario llegar a esos extremos. Normalmente ni siquiera es necesaria la censura. Pero no porque haya libertad de expresión, no. Nadie niega que haya libertad de expresión, pero si no hay censura no es porque haya libertad de expresión: es, más bien, porque todos los periodistas a los que habría que censurar (con la consiguiente merma de la libertad de expresión) están en el puto paro. Es como una vez que me decía un periodista de El País que a él jamás le habían censurado ni le habían llamado de dirección para indicarle lo que tenía que decir. Resultará increíble, pero ni por un momento se le pasaba por la cabeza que era precisamente por eso, por lo muy espontáneamente que su libertad de expresión encajaba con la línea editorial de El País(que ni había que llamarle la atención, oye), por lo que había sido contratado y por lo que no se le ponía de patitas en la calle. Más cómicos aún son los periodistas en paro que siguen creyendo en la libertad de expresión porque nada ni nadie les impide decir lo que quieran en la página web que leen sus amigos.
¿Alguna vez nos hemos preguntado en serio por qué en las democracias europeas o en losEEUU no hay (casi) presos políticos? No hay presos políticos no porque haya libertades políticas, sino porque la política no tiene la menor posibilidad de intervenir en el curso de la realidad. Vivimos en una sociedad hasta tal punto chantajeada por sus estructuras económicas, que se puede permitir el lujo de ser todo lo democrática que quiera, ya que, de todos modos, ninguna intervención democrática tiene ninguna posibilidad de prosperar (2 ). Ahí donde la palabra no tiene ninguna posibilidad de intervenir en el curso de las cosas, ¿por qué no decretar la libertad de expresión más absoluta? Ahí donde las asociaciones que no tengan un millón de euros de capital son absolutamente impotentes, ¿por qué no decretar la libertad de asociación y de reunión, el pluripartidismo y su puta madre? Está bien eso de decretar la libertad de prensa en una sociedad como ésta; al noventa y cinco por ciento de los ciudadanos nos tranquiliza de la hostia saber que si tuviéramos tanto dinero como Polanco nada nos impediría decir lo que nos diera la gana en El País o en El Mundo o en El AntiGlobo que decidiéramos fundar. ¿Pero de veras creemos que es así? ¿De verdad pensamos que si tuviéramos tanto dinero como Polanco podríamos ser comunistas en un medio de comunicación que no fuera irrelevante? ¡Vamos, hombre, nada de eso! Si eso fuera así, si los comunistas pudieran tener un imperio mediático (porque, por ejemplo, Georges Soros hubiera tenido el capricho de nombrarles herederos), se prohibiría la libertad de prensa de inmediato, se metería en la cárcel a todos los que abrieran la boca y se les arrancaría con alicates las uñas de los pies. Nunca ha sido de otra forma; eso es lo que ha ocurrido sin excepción cada vez que la izquierda ha tenido, además de la libertad de palabra, la posibilidad de hacerse oír.
De todos modos, su actitud siempre será admirable, comparada con la que pusieron en práctica en las legislaturas del PSOE cuando, al ver que no podían hacer la política de izquierdas para la que habían sido votados, se pusieron, sin más a hacerla de derechas, como Dios manda.
Perra vida ésta en la que nunca ha habido libertades políticas más que bajo la condición de que esas libertades fueran impotentes. En Cuba, por ejemplo, hay, eso es verdad, pocas libertades políticas. Es obvio por qué es así: porque en Cuba las libertades políticas no serían impotentes; por el contrario tendrían unos efectos espectaculares y algunos de ellos, por cierto –como suele pasar en los países en guerra y Cuba lo está-, corrosivos y suicidas.
Así pues, conviene ordenar la cuestión para ver cómo se pueden hacer las comparaciones de manera que tengan sentido. Mientras no se haga este esfuerzo, todas las conversaciones y discusiones sobre Cuba están destinadas a dar vueltas sobre tópicos, estupideces y supercherías. Lo que se suele decir es que en los países capitalistas, así de media, hay muchas libertades (y poca Sanidad y Educación), mientras que en Cuba hay mucha Sanidad y Educación, pero pocas libertades. Pues no, se trata de una simetría mal montada. Lo que tenemos, por un lado, es que, bajo el capitalismo, hay muchas libertades porque el capitalismo mismo garantiza que no será posible hacer nada de importancia con ellas: las libertades no cotizan en Bolsa y, por tanto, el Ministro de Economía no tiene por qué tenerlas muy en cuenta a la hora de explicar al consejo de ministros lo que se puede y no se puede hacer. Y, por el otro lado, en Cuba, hay pocas libertades porque incluso las pocas que hay tienen efectos muy relevantes de los que sería largo hablar.
Pero que conste que no hemos entrado para nada en el tema de si en Cuba hay o no algo parecido a un Estado de Derecho y que soy muy consciente de ello. Me limito a señalar que, si no queremos decir tonterías, a la hora de explicar por qué no hay Estado de Derecho en Cuba conviene que dejemos claro qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que sí lo hay, por ejemplo, en España. O mejor, la cuestión resulta aún más llamativa en abstracto: ¿cómo consideramos que una realidad social está “en Estado de Derecho”? ¿Qué entendemos por eso? Existen, al menos, dos posibilidades:
Una. Constatando que se da una coincidencia entre la realidad y el Derecho que es obra del Derecho. (Las cosas “pasan así” porque el derecho exige que pasen así)
Dos. Constatando que se da una coincidencia entre la realidad y el Derecho que es obra de la realidad. (Las cosas “pasan así” y a veces coinciden con lo que exige el Derecho y a veces no, así es que, a la parte en la que se da la coincidencia, la llamamos Estado de Derecho y a la otra la consideramos, por ejemplo, en “vías de desarrollo o de madurez”)
Es importante reparar en el hecho de que sólo la primera posibilidad tiene algo que ver con lo que la Ilustración llamó Estado de Derecho. Y lo más importante es reparar en que nosotros, los que decimos que representamos la punta de lanza del Estado de Derecho en este mundo, desde Bush y Aznar a Uribe y Blair, consistimos en estar siempre en la posibilidad Dos y decir que estamos en la Uno. Esta es nuestra gran mentira, en la que colaboran a diario todos nuestros periodistas (que no están en paro) y la mayor parte de nuestros intelectuales.
La cosa se entenderá rápidamente con un ejemplo. Uno puede hacer un recorrido turístico por los barrios residenciales del norte de Madrid, sin sentir en ningún momento que el curso de las cosas se estrelle o se dé de bofetadas contra el Derecho. Son barrios habitados por gente culta y de clase media alta o alta a secas; en ellos nadie encuentra ningún motivo para violar la ley si por violar la ley se entienden cosas como robar en un supermercado, atracar un banco, trapichear con heroína, en fin, ese tipo de cosas por el que la gente acaba en la cárcel (3 ). En estos barrios, los policías son unos señores que, más que nada, cuando se te pierde el niño te lo traen de la mano con una piruleta para que no llore. Los policías son la instancia que vela por esa milagrosa coincidencia entre cotidianeidad y derecho a la que llamamos ciudadanía. Es en sitios así donde se respira eso a lo que llamamos “Estado de Derecho”; la mejor prueba de ello es que todo el mundo tiene la sensación de que la Ley no está ahí para reprimir su libertad, sino para garantizar sus derechos. Las cosas se mueven con arreglo a derecho, y el derecho se lleva bien con el moverse de las cosas, de tal modo que no tiene que estar todo el tiempo vigilando, reprimiendo, castigando, disciplinando, regañando, interviniendo, en fin, en los asuntos humanos. ¿Cómo no considerar entonces que esos “asuntos humanos” han alcanzado un estatus al que hay que llamar, como quiso siempre el pensamiento ilustrado, mayoría de edad, madurez ciudadana, civilización e Ilustración?
Más o menos, el 15 % de la población mundial es mayor de edad en este sentido. Se trata de un 15 % para el que el curso de sus asuntos no entra en conflicto, sino todo lo contrario, con las exigencias de la razón y del derecho.
Ahora bien, lo verdaderamente ilustrado sería que esta coincidencia entre realidad y derecho se debiera a la capacidad del derecho para actuar sobre la realidad, para educar y enderezar el curso de los asuntos humanos y que, por tanto, el milagro por el que en La Moraleja nadie atraca bancos ni trafica con heroína ni roba en los supermercados (ni los policías pegan palizas si no que llevan piruletas), que todo eso se debiera a la exquisita educación racional de sus ciudadanos o a las virtudes incontestables del régimen político español, y no, como es obvio, a que es absurdo robar un banco del que eres propietario o dar instrucciones a tu criada para que te robe el desodorante al hacer la compra en el supermercado. En La Moraleja, la realidad y el derecho coinciden por la sencilla razón de que ahí no hay motivo alguno para violar la ley. Es una tontería robar cuando te puedes permitir el lujo de pagar. Pero, claro, sería chocante que los vecinos de La Moraleja argumentaran que si a los vecinos de San Blas o del Piti se les suele pillar más a menudo que a ellos robando coches y atracando bancos es porque han recibido peor educación o porque han asumido más torpemente las virtudes de la división de poderes plasmada en el ordenamiento constitucional español.
Sin embargo, por ridículo que resulte ese argumento es exactamente el mismo que utilizamos para considerar que los países europeos o los EEUU están en Estado de Derecho. Es, sin duda, cierto que, entre nosotros, el curso de la realidad no viola demasiado las exigencias de la ley. Pero eso no ocurre en absoluto porque la ley haya encontrado, a través de nuestros inigualables ordenamientos constitucionales, procedimientos adultos y liberales para hacerse respetar y obedecer, sino porque, en una situación económicamente bastante privilegiada, la realidad no tiene mucha necesidad de contradecir lo exigido legalmente. Es el curso de la realidad ─tres siglos de colonialismo, dos guerras mundiales, instituciones económicas y militares tan poderosas como el Banco Mundial o la OTAN, etc.─ el que nos ha puesto en la situación de una casual coincidencia con las exigencias racionales; en absoluto se ha debido a un procedimiento exitoso de la razón o a la eficacia de un modelo político recomendable. Si tuviéramos que explicar a un ama de casa venezolana cómo se llega a ser ciudadana de la Moraleja, o del Estado de Derecho, sería absurdo proponerle un estudio concienzudo de las Constituciones europeas. En la Moraleja, simplemente, se nace con menos ganas de violar la ley que en un suburbio de Caracas. O al menos, se tienen muchas menos posibilidades de que el arte de ganarse el pan de cada día entre en conflicto con el Derecho, es decir, con la policía.
Tras la guerra del Golfo de 1991, Arabia Saudí entregó a Egipto, en concepto de “ayuda humanitaria”, un millón de coranes. Era obvio: si los egipcios querían ser tan ricos como los sauditas, lo que tenían que hacer era respetar tanto como ellos los preceptos del Islam, así es que, en lugar de mandarles pan o petróleo, les mandaron coranes. Igualito igualito es lo que hacemos nosotros cuando nos paseamos por el mundo dando lecciones de Democracia y Estado de Derecho desde nuestras tribunas de opinión. Si los habitantes de las favelas de Río y de los suburbios de Bogotá quieren sentirse ciudadanos, si quieren sentir tan vivamente como si estuvieran en La Moraleja que la policía está ahí para proteger los derechos de la gente y para traer a casa a los niños que se pierden en los centros comerciales, lo que tienen que hacer es aprender de nuestros sistemas constitucionales. ¡No de nuestra historia de genocidios, matanzas y expolios, no! ¡No de nuestros privilegios económicos! ¡De nuestras constituciones, que dan un resultado bárbaro, y gracias a las cuales no cabe duda de que somos todo lo que somos!
Es repugnante la manera en que, en una especie de ritual supersticioso, celebramos todos los días como obra del Derecho lo que en realidad nos han regalado el Mercado y la Historia. Repugnante, pero eficaz. Porque así, utilizando esa misma confusión, podemos recomendar a los demás que, si quieren Derecho, dejen pasar a la Historia y obrar al Mercado. Así es este mundo, en el que el Estado de Derecho no lo trae el Derecho, sino el capital. Flexibilizar el mundo para las necesidades del capital tiene que ser, forzosamente, la mejor manera de extender el Derecho. No importa que toda la historia del siglo XX haya demostrado lo contrario. Los capitalistas de los países capitalistas no se llevan mal con el Derecho, viven en Estado de Derecho, como prueba el hecho de que nunca van a parar a la cárcel. Es más, cuanto más capitalista eres, menos problemas tienes con el Derecho ¿o alguien se imagina a Georges Soros atracando un estanco? Claro que a algunos se nos ocurren siempre maneras de exprimir el Derecho mediante el desarrollo legislativo de ciertos artículos capaces de meter en la cárcel a gente como ésa; pero no hay cuidado, no estamos a punto de ganar las elecciones y si lo estuviéramos, sería tonto pensar que serían ellos y no nosotros los primeros en visitar la cárcel. En tales condiciones, extender el capitalismo o extender el Derecho es prácticamente lo mismo, y si en el reparto final, algunos países en Estado de Derecho, como, por ejemplo, Guatemala, acaban siendo pobres como ratas, pues será, por tanto, porque no tenían derecho a ser ricos. Quizás les faltó iniciativa, trabajo, ahorro, quizás fue debido a la corrupción, o quizás esas gentes no se estudiaron bien nuestros ordenamientos constitucionales y cometieron algún fallo al aplicarlos. ¡Así razona hasta sus ultimas consecuencias una intelectualidad que ha sido capaz nada menos que de soportar a un Rorty!
La cruda verdad es que como nuestra sociedad “en estado de derecho” no ha sido obra ni de la razón ni de la ley, es inútil pretender extenderla por el mundo a base de leyes y de razones. Sin embargo, igual que los pastores de Belén debieron sentirse la mar de satisfechos al contemplar que la razón y la carne –según dicen- coincidían en un recién nacido (cuando pasó eso de que “el logos se hizo carne” que contaba San Juan), la satisfacción que nos produce a nosotros asistir a ese milagro sin igual de la democracia constitucional y la división de poderes, la enorme satisfacción que nos produce el contemplar cómo, día tras día, el curso cotidiano de las cosas y las exigencias del derecho coinciden en La Moraleja, en el Club de Golf del Pardo y en la punta de la polla de Emilio Botín, toda esa satisfacción ante tamaña buena nueva, nos empuja a predicarla por el mundo, cantando las alabanzas de la democracia y la libertad. Resulta un poco ingenuo pensar que eso vaya a levantar las monedas de Argentina, México, Egipto o Senegal, pero qué más da. Nosotros a lo nuestro: mientras se predica en el desierto la buena nueva, lo que efectivamente hacemos es cerrar las fronteras, legislar extranjerías, edificar murallas y fortalezas en las que conservar inmaculada nuestra feliz coincidencia con las exigencias del Derecho. Puesto que es en La Moraleja y no en San Blas o en Getafe donde coinciden de natural la realidad y el derecho, lo lógico es preservar ese bendito lugar de toda contaminación exterior. De este modo, La Moraleja que representa el 15 % de la población mundial se ha encerrado en una fortaleza inexpugnable, a la espera de que los 4.000 millones de personas que, en el exterior, subsisten con menos de dos dólares diarios, terminen de estudiarse la Constitución y aprendan a ser ciudadanos mayores de edad respetuosos de la división de poderes, la libertad de expresión, el pluripartidismo y todo eso. Aunque Oriana Fallaci ya nos ha advertido que esa gente, por mucho que estudie, no tiene remedio… Quizás algún día haya que seguir su consejo (y el de Gabriel Albiac), convertir al 80 % del planeta en un campo de exterminio y gasear a toda esa gentuza. Al fin y al cabo, teniendo en cuenta las proporciones de la tarea, sale más barato encerrarnos nosotros en La Moraleja y gasear el resto del planeta que llenarlo todo de prisiones y cámaras de gas. La verdad es que la tarea hace ya tiempo que se inició utilizando el arma de destrucción masiva más potente que haya conocido la humanidad: la economía capitalista. Hace ya mucho tiempo que –sin necesidad de leer a Hannah Arendt- dejó de ser un misterio cómo fue eso de que la población alemana conviviera normalmente con Auschwitz , sin hacerse demasiadas preguntas o sin que aflorara escrúpulo alguno que turbara su conciencia ciudadana: probablemente había, entre ellos, periodistas parecidos a los nuestros e intelectuales que cumplían el mismo papel que la plantilla de PRISA. Si esto es posible, nada tiene de extraño que fuera posible aquello.
El que haya una coincidencia entre cómo van las cosas y cómo exige el derecho que vayan no indica para nada que la cosa en cuestión esté en “estado de derecho”. Para que haya Estado de Derecho hace falta que las cosas estén en “estado de derecho” por obra del derecho (y no, por ejemplo, a consecuencia de haber construido un club de golf sobre el campo de una sangrienta batalla). A causa de todas las carnicerías de la historia, se han venido a constituir algunos recintos tan privilegiados que en ellos no queda ya motivo alguno para meterse en líos con la Ley, de tal modo que, siendo la Ley casi superflua no hay ningún problema en configurarla según todas las florituras de la división de poderes, las libertades, la seguridad jurídica y todo el resto de la cantinela. Pero, para que haya derecho a llamar Estado de Derecho a una realidad política, hace falta algo más; hace falta que el sistema político consista, precisamente, en conferir a las leyes la capacidad de modificar, influir o coartar el curso de las cosas. Y no vale decir, cada vez que el curso de las cosas coincide con lo que dicen las leyes que es porque las leyes han obrado o legislado así. En las condiciones capitalistas de producción el gobierno no está atado de pies y manos por la legislación vigente (como exigiría una sana mentalidad ilustrada que, además, remitiría esa legislación, en último término y a través de tribunales competentes, a la Declaración de los Derechos del Hombre); más bien está vendido e hipotecado de por vida a las necesidades de un sistema económico que respira a sus espaldas según designios propios, enfriándose y calentándose según ritmos febriles para los que no hay medicina política, para los que –como dicen siempre en Chicago- la política es muchas veces peor remedio que la propia enfermedad. En esas condiciones el poder económico es el que decide sobre el curso de las cosas y no lo hace precisamente consultando a políticos y jueces, sino, más bien al contrario, haciéndose consultar por ellos sobre el margen de actuación que les queda. El bienintencionado gobierno de Zapatero, por ejemplo, no ha podido aún ni bajar el IVA de los libros de texto y si logra legislar sobre el matrimonio de los homosexuales, será sólo en la medida en que el ministro de economía certifique que eso no será malo para la Bolsa. Resulta patético, pero de lo más esclarecedor, comprobar cómo algunas promesas electorales que parecían anecdóticas han sido ya declaradas imposibles de cumplir por el Ministro de Economía. Nuestro flamante Parlamento, nuestro poderoso gobierno constitucional, democrático y de derecho, respaldado por la soberanía popular y con el tajante veredicto de las urnas aún caliente ¡no ha podido reducir de doce a ocho el número de domingos que abren las Grandes Superficies Comerciales! Según parece, aunque eso sería obviamente muy bueno para los pequeños comerciantes que han hecho esa reivindicación (y a los que se les prometió contemplarla a cambio de su voto) y aunque nadie puede creer que eso fuera terrible para unas Multinacionales forradas hasta los dientes, Solbes ya ha advertido que sería muy malo para la Economía (1). Más claro el agua. Lo mismo pasó con el intento de reformar el impuesto sobre las plusvalías. ¿Y alguien espera alguna Ley que aborde de cara el problema de la vivienda? ¿Sería posible –no digo si conveniente o no, digo si sería posible- una Ley que expropiara todas las segundas viviendas, o al menos las terceras, o al menos las quintas? ¿O que, al menos, obligara a venderlas a un precio justo consensuado en un Parlamento? No, el ministerio de economía dicta lo que es posible y lo que no. Un precio justo tendría que ser un precio legislado y eso es incompatible con los precios de mercado que son la salud de nuestro sistema económico. Ya se ha dicho que, en el asunto de la vivienda, habrá que jugar con el difícil equilibrio de la oferta y la demanda. Quizás, por ejemplo, si se suben las hipotecas, haya menos demanda y bajen los precios… o algo de ese tipo.
Dos palabras, aún, para evitar posibles equívocos, que ya me sé lo que alguno estará pensando. Lo que no estoy pretendiendo decir es algo así como “¿que en Cuba no hay Estado de Derecho? ¿y dónde hay Estado de Derecho?”. No es que esté mal esa línea argumental, pero no es la que viene al caso. Estoy, más bien, intentando llamar la atención sobre el tipo de experimento teórico que sería pertinente para juzgar cuándo una realidad está en Estado de Derecho y cuándo no. Lo que no vale es pasearse por el mundo como hacen nuestros periodistas y comentaristas políticos plantando la medalla del Estado de Derecho, por una parte, a todas las realidades lo suficientemente privilegiadas para no tener que darse de bofetadas con la ley y, por otra parte, a todos los rincones del planeta en los que las libertades políticas son tan impotentes que ni siquiera hace falta reprimirlas. El experimento correcto para decidir sobre el nivel de Derecho en el que está una realidad social tiene que venir a preguntarse si las cosas estarían en otro estado sin el concurso del Derecho. Haría falta, en suma, algún experimento que pudiera mostrarnos en qué medida la Ley ha sido algo más que un papel mojado, en qué medida, en efecto, ha sido un límite del poder ejecutivo y un modelo capaz de conformar la realidad y corregir el curso histórico de las cosas.
Cuba es uno de esos experimentos. Una de las cosas que más llama la atención en Cuba es hasta qué punto –para nosotros insospechado- las leyes son ahí responsables de cómo van las cosas. No hay problema que en Cuba no pudieran remediar las leyes. Es precisamente por esa responsabilidad de la ley en la marcha de las cosas por lo que hay a quienes Cuba les parece una dictadura. Eso ocurre porque nosotros estamos acostumbrados a que la realidad coincida con la ley no por eficacia de la ley, sino por privilegio de la realidad. Es por lo que nosotros tampoco solemos pensar que las malas leyes sean responsables de cómo nos van las cosas y solemos confiar más en otros indicadores, como el estado de la Bolsa o el índice de inflación. No reconocemos ni certificamos un “estado de derecho” más que ahí donde el Derecho es superfluo. Lo mismo pasa con la Política. No reconocemos que haya libertades políticas más que ahí donde la política es impotente. De lo contrario, la política nos parece sospechosa, y su misteriosa eficacia síntoma de oscuras posibilidades totalitarias. Nos negamos a ver que la eficacia de la política (es verdad que característica del fascismo y el totalitarismo, pero, precisamente, porque el fascismo y el nacionalsocialismo fueron la opción política del capital para salvarse del capitalismo ahí donde el capitalismo ya no respetaba ni al capitalismo) es, antes que nada, el presupuesto elemental del pensamiento ilustrado y la base de todo sistema republicano y que es a partir de ahí y no antes desde donde cobra sentido la distinción entre dictadura y libertad. Es solamente ahí donde se ha vencido el totalitarismo de lo económico, donde se abre la posibilidad política de optar entre fascismo o democracia. Pero el gran truco ideológico del siglo XX ha sido el de poner por un lado lo político y lo estatal, presentándolo como lo potencialmente totalitario, y contraponerlo al mundo sin ley de la economía, ahí donde la política es impotente, como el espacio propio de la libertad. Es de este modo como se ha llegado a considerar evidente que no hay libertades políticas más que ahí donde no hay en absoluto política.
En Cuba no ocurre nada de esto. Ocurre más bien todo lo contrario. Una mala ley o una mala decisión política es capaz de hacer adelgazar a la gente a ojos vistas. Hasta tal punto Cuba depende de su Derecho y de su Política que una decisión legislativa o política llega a marcar la estatura de las personas. “Es que ésos son los que nacieron durante el período especial, por eso son bajitos”, se oye decir. En el período especial de principios de los noventa comenzó a faltar de todo en Cuba, no, desde luego, a causa de un error político o legislativo, sino a causa de que, al hundirse la URSS, Cuba vio desaparecer, de golpe, el 85 % de su comercio exterior y evaporarse la única línea de crédito de la que disponía. Pero frente a ese terremoto internacional, Cuba no tuvo, como en tantas otras ocasiones desde el 59, más que un arma disponible: las leyes y la política. Ni las leyes ni la política son todopoderosas; no son capaces, desde luego, de impedir los terremotos, los ciclones o los hecatombes históricas, pero es muy diferente, llegados a estos casos, tenerlas o no tenerlas a mano. Demasiado sabemos lo que ocurre en Haití, o en Guatemala, o en Argentina ante hecatombes bastante menos espectaculares que la desaparición del 85 % de su comercio exterior. Las venas de Latinoamérica se han abierto hasta desangrarse por un derrumbe de un punto en el precio del café o por la desaparición de un arancel del 0,1 %, mientras que, ante semejantes fatalidades, la Ley y la Política no podían hacer otra cosa que cruzarse de brazos rumiando su impotencia. Ya lo dicen el FMI y el BM: lo mejor que puede hacer política y legislativamente el Tercermundo en general es no hacer nada políticamente, suprimir todas sus inoportunas legislaciones y abrirse de piernas frente a los planes de ajuste estructural, que son los buenos y, quién sabe por qué, los legítimos (como demuestra el hecho de que quien no los cumple acaba siendo acusado de terrorismo). Primero la Economía, que después ya habrá tiempo para la Polis. Esos planes de ajuste, por supuesto, no son decididos en la Asamblea general de la ONU, ni en Parlamento alguno del planeta, sino en reuniones herméticas celebradas en búnkeres policiales, en cumbres de altas montañas o, si se llega a terciar, en plataformas submarinas, donde no haya que lidiar con los movimientos antiglobalización. Así se lleva siglos reprimiendo toda intervención política o legislativa y aguardando a que las vías económicas del desarrollo conduzcan a otro sitio que al basurero.
Muy distinta es la cosa en Cuba. Frente a un terremoto natural o histórico, los ojos en Cuba no se vuelven hacia la Bolsa, para leer ahí el destino, sino hacia la legislación y la política. En estas ocasiones, algunos opinan que Cuba entera se convierte en un inmenso Parlamento, en lo que se ha llamado “la parlamentarización” de la sociedad; otros opinan que toda esa hirviente actividad democrática no es sino aparente y que, al final, será desde arriba desde donde se decidirá la política a aplicar. Ahora bien, los cubanos que nacieron en el periodo especial están muy seguros o bien de que son más bajitos de lo normal porque algo no se hizo bien políticamente, o bien de que, habida cuenta de lo que se venía encima, tienen que agradecer a la política el simple hecho de continuar vivos. Quizás había que haber prohibido más eficazmente el sacrificio de reses, quizás, por el contrario, había que haber liberalizado el mercado de vacuno; quizás había que haberse dado más prisa en levantar las prohibiciones sobre el pequeño comercio de subsistencia, quizás había que haber hecho esto o lo otro. Los problemas de Cuba podían y pudieron en todo momento ser discutidos, argumentados, explicados y reflexionados en el Parlamento, en lo que es su Parlamento.
Sea lo que sea a lo que podamos llamar Parlamento en Cuba (5 ), lo más curioso es que siempre se asemejará más que nuestros Parlamentos a lo que nuestros Parlamentos pretenden ser: un lugar en el que la política, la argumentación y la contrargumentación, el consenso, el uso público de la palabra, en suma, puede aspirar a tomar las riendas del curso de las cosas mediante una actividad legisladora. La actividad parlamentaria cubana puede presentar muchas deficiencias. Fundamentalmente, es enteramente deficiente debido no a una escasez de democracia, sino a causa de una carencia de división de poderes. En general, en Cuba no falta democracia, sino Derecho. Ya hemos visto antes que eso no es porque los cubanos no tengan el privilegio de vivir en un Estado de Derecho como el nuestro, sino porque en Cuba, al contrario que entre nosotros, el Derecho no es ni impotente ni superfluo. Nosotros nos podemos permitir el lujo de una actividad parlamentaria intachable, pero sólo mientras la actividad parlamentaria no pretenda meterse donde no le llaman, es decir, en cualquier cosa de importancia. Nuestros políticamente intachables Parlamentos sólo tienen un problema: que no están situados en el lugar de la política; que, bajo condiciones capitalistas de producción, la política no está al alcance de la actividad parlamentaria, sino de la negociación de las grandes corporaciones económicas. Protegidos por su superfluidad, nuestros Parlamentos se pueden permitir la casi completa perfección formal y, en cualquier caso, los defectos pasan desapercibidos; en Cuba, por el contrario, no hay déficit del Derecho que no resalte hasta dañar la vista. Pero, no nos engañemos: si en Cuba se ven muchos defectos es porque en Cuba los defectos son importantes.
Ocurre con estos asuntos algo parecido a lo que pasa cuando se están corrigiendo exámenes de filosofía, o mejor aún, cuando se está intentando explicar a un alumno las razones de un suspenso. La mayor parte de los exámenes que merecen suspender no es porque estén mal. Al contrario, algunos, cuando nos encontramos un examen que está mal le ponemos casi siempre notable alto, o por lo menos, aprobado. Los exámenes que merecen el suspenso son aquellos que no logran siquiera alcanzar ese nivel en el que las cosas pueden estar mal. Para que un argumento esté mal hecho tiene que ser un argumento o, como mínimo, parecerlo. Los exámenes suspensos no están ni bien ni mal, sencillamente no tienen la forma en el que las cosas pueden ser verdaderas o falsas. Las equivocaciones, los errores, en filosofía, como en general ha ocurrido en la historia de la ciencia, son siempre fecundos y, a veces, tremendamente difíciles. Lo que para la teoría es impresentable no es el error, sino la ambigüedad, la falta de rigor, la opinión subjetiva, el cambio de tema, la divagación. Por eso es tan difícil explicar a un alumno que ha suspendido por qué ni siquiera merecía suspender, por qué ni siquiera alcanza ese nivel en el cual el aprobado o el suspenso tienen sentido.
Pues bien, a mí no me cabe duda de que en cuestiones de Estado de Derecho, la humanidad en general está suspendida sin vacilación. Pero mientras que Cuba representa un suspenso de esos merecidos, de los que –a la luz de las circunstancias atenuantes- uno acaba por archivar como notables, la realidad parlamentaria española, por ejemplo, representa uno de esos otros suspensos que ni siquiera merecen suspender. Nuestro Estado de Derecho, en efecto, ni siquiera llega a ese nivel en el cual es posible equivocarse.
Así pues, en lugar de pasarse el día, con tanta suficiencia, señalando con el dedo los defectos del régimen político cubano, la humanidad del siglo XX debería haber tenido la decencia de admirar con asombro, perplejidad y respeto, el espectáculo inigualable de una realidad social que dependía a vida o muerte de sus buenas o de sus malas leyes. Nunca como en Cuba se había hecho carne este milagro que condensa el conjunto de aspiraciones de todo el Proyecto Ilustrado desde Sócrates hasta nosotros.
Al declarar la guerra a Cuba, mediante el bloqueo y el terrorismo, lo que se hacía era ponerla en una situación en la que, en general, las leyes tenían que ser bastante malas, o mejor dicho, una situación lo suficientemente inestable como para que las leyes no pudieran nunca asentarse y tuvieran que ser suplidas por caprichosos decretos ejecutivos. Todavía hoy se hacen demasiadas leyes en Cuba como para que puedan ser vividas como leyes. El curso histórico mundial ha obligado a Cuba a acomodarse, defenderse y transigir constantemente mediante revoluciones legislativas continuas. Eso naturalmente es una calamidad para cualquier pretensión de estado de derecho. Las leyes no pueden cambiar a diario, de tal manera que haya que estar muy al tanto leyendo el Granma para ver si hoy es legal esto o lo otro. De hecho, como bien advirtió con contundencia desde el primer momento el lado reaccionario de la Ilustración, una mala ley que dura es siempre mejor que una buena ley reciente. Cuba no se ha podido permitir jamás el lujo de dar tiempo a sus leyes. Y así, desde el principio (y tal y como ocurre invariablemente en todos las situaciones de guerra), los decretos han ocupado el lugar de las leyes y el poder ejecutivo ha sepultado la división de poderes.
Es lo mismo que ocurrió con las jóvenes repúblicas soviéticas, que nacieron en el seno de una guerra mundial y pasaron sus primeros años combatiendo en una guerra mal llamada civil en la que se volcaron todas las potencias del capitalismo internacional. El experimento soviético navegó en realidad, desde entonces, en una guerra permanente, hasta su rendición final con Gorbachov, cuando este creyó tan ingenuamente que al fin se le iba a permitir al Derecho estacionarse sobre la fabricación de mantequilla en lugar de convulsionarse bajo la fabricación de misiles. Ningún país en guerra puede permitirse la división de poderes. El experimento soviético duró, en realidad, un abrir y cerrar de ojos, setenta años, marcados por tres guerras mundiales y decenas de millones de muertos. Es hacer gala de un sorprendente cinismo pretender que en esas condiciones el socialismo podría haber sido compatible con un Estado de Derecho. Pero el verdadero y más rebuscado cinismo se oculta tras la famosa alegación de que los países capitalistas sí lograron, en cambio, funcionar como Estados de Derecho en las mismas condiciones de guerra permanente. El capitalismo se puede permitir el Derecho –cuando se lo puede permitir y donde se lo puede permitir, que suele ser en un 10 % de las ocasiones y de los lugares- porque, normalmente, bajo sus condiciones –y siempre en el aludido 10 %-, el totalitarismo económico que garantiza los privilegios económicos que hacen innecesario violar la ley, convierte, a su vez, en innecesarias a las dictaduras de corte político. La sociedad capitalista no depende de sus leyes, sino de su capitalismo. En el socialismo, en cambio, la sociedad depende por entero de sus leyes. Nada tiene de extraño, así pues, que los países capitalistas más privilegiados se hayan podido permitir el disfrute de una intachable división de poderes, pues lo han hecho en unas condiciones en las que lo que se dividía no era el poder, sino una apariencia de poder. Aquí reside el mito tribal más persistente de lo que llamamos Occidente. Está bien eso de inventar toda suerte de dispositivos para dividir un poder imaginario, mientras el poder real circula de forma salvaje por otros cauces indomeñables. Lo que mueve al vómito es constatar la gran cantidad de buenos cerebros que de Habermas a Enzensberger o Savater se han aplicado en hacer pasar por filosofía la justificación tribal de este mito.
La tarea ilustrada de la división de poderes es bastante más difícil de lo que uno puede llegar a creer leyendo a esos señores. La humanidad no se ha enfrentado en serio a la dificultad real de ese problema más que bajo el experimento de lo que se llamó “socialismo real”. Y el fracaso fue, desde luego, estrepitoso. Y por supuesto que no se reparó en gastos para provocar que lo fuera. Pensemos por ejemplo en la Nicaragua sandinista. Para poner al ejecutivo sandinista en condiciones en las que se viera obligado a censurar unos cuantos artículos de prensa, dañando así la consistencia del Estado de Derecho, fue necesario poner el mundo entero patas arriba, montando una guerra con Irangate incluido y volcando todas los malas artes del Imperio sobre un país pobre y pequeño, en el que no había un solo ascensor que funcionara. Demasiados ejemplos parecidos se podrían poner, pero bastará en los próximos meses con estar atentos a lo que ocurra en Venezuela, en donde todavía no se ha censurado nunca la prensa ni se ha puesto jamás en cuestión la división de poderes, pese a que, en efecto, el mundo entero se ha confabulado para forzar a Chávez a cometer algún desliz de este tipo.
La humanidad no tiene todavía la menor idea de lo difícil que es la división de poderes, ni tampoco de lo apasionante que puede llegar a ser esa aventura a la que llamamos Ilustración. Cuba es pionera en este campo de experimentación política. En Cuba no hay Estado de Derecho, pero a lo mejor algún día nos veremos obligados a reconocer –cuando la historia del siglo XX empiece a contarse bien de una vez- que con ella comenzó para este mundo miserable y mentiroso, la aventura de una vida política conforme a derecho. Para que haya la posibilidad de un espacio político en el que vivir es, ante todo, necesario que la totalidad de las posibilidades humanas no se gasten o se consuman en la aventura de la supervivencia. Hasta el momento, y aunque resulte increíble a la luz del desarrollo tecnológico que hemos alcanzado los seres humanos, supervivir nos ha impedido vivir. No existen posibilidades políticas sin tiempo libre, como se sabe bien desde los tiempos de Pericles. La revolución tecnológica ininterrumpida en la que vivimos tendría que tener por efecto una reducción de la jornada laboral que liberara más y más tiempo para actividades políticas. Pero eso es imposible bajo condiciones capitalistas de producción, como bien demostró Marx hace ya tiempo. El capitalismo ha condenado a la humanidad a la aventura de la supervivencia en condiciones tecnológicas crecientemente más y más privilegiadas. La vida política es incompatible con un sistema económico como el capitalista que se caracteriza por mantener constantemente a los hombres en condiciones mínimas de supervivencia, para concentrar así cualquier adelanto tecnológico en la producción de más adelantos tecnológicos, de modo que la revolución de las condiciones de producción sea siempre máxima. Como decía Wallerstein, el capitalismo produce más para poder producir más. El hambre económica del capitalismo por el máximo de producción ha acogotado a la humanidad con más eficacia que antes lo hiciera el hambre biológica, obligando a la vida social a conformarse con la supervivencia y denigrando toda posibilidad de descanso y tiempo libre bajo la figura abyecta del parado.
El socialismo real fue la punta de lanza de una nueva época para la humanidad, en la que la Política y el Derecho tenían la posibilidad de reinar sobre la Economía y, por tanto, legislar y decidir sobre todos los asuntos humanos de importancia. El socialismo no fue, en este sentido, sino la propia Ilustración, una vez que se había reparado en el imprevisto de un capitalismo al que nadie había invitado y al que no se podía simplemente guillotinar en una plaza pública. Se trata de la aventura más heroica y la causa más verdadera que la humanidad haya emprendido desde que Sócrates, Platón y Aristóteles lanzaran al mundo el reto de una vida política a todos los seres racionales del futuro. La Ilustración que recogió ese guante sólo tuvo una verdadera posibilidad histórica de triunfar bajo el proyecto de las economías socialistas y ya hemos visto lo mal que salió la cosa y la mucha voluntad que se puso en que saliera así de mal. Así, fue como si, bajo el socialismo, la humanidad se hubiera empeñado en demostrar hasta qué punto podía liberarse del chantaje económico a costa de sujetarse a malas leyes y malas políticas. Pero la pura verdad es que, en las ocasiones en que se intentaron hacer las cosas mejor, como con Allende en Chile o con el sandinismo en Nicaragua, los esfuerzos de la política tuvieron que consumirse en la tarea de resistir al sabotaje, el bloqueo y la guerra, en una correlación de fuerzas desigual y condenada de antemano.
Hoy, Cuba es el único testigo que queda de todo aquello por lo que lucharon los esfuerzos de la Ilustración desde la muerte de Sócrates. Cuba es el único testigo de esa posibilidad humana que es el Estado de Derecho. Naturalmente que eso no la convierte ni mucho menos en un Estado de Derecho. Pero, aunque Cuba no es un Estado de Derecho, se sostiene constantemente en esa posibilidad y bastaría con que la dejaran en paz para que las leyes fueran corrigiendo a las leyes hasta instituir un verdadero régimen constitucional. Cuba no es un Estado de Derecho, pero podría serlo, y, además, no dice que lo sea, lo que siempre es un buen comienzo para el Derecho. Cuba es más bien la prueba de hasta qué punto es difícil en este jodido mundo capitalista arrancar una mísera isla de las garras de la Historia, para que la Ley y la Política puedan tomar por una vez la palabra. Cuba es la prueba de la dificultad de introducir una obra de la libertad en el curso fatal de las cosas.
Mucho peor es, desde luego, lo que nos ocurre a nosotros, que no sólo no somos un Estado Derecho sino que tampoco sabemos que no lo somos y, antes bien, nos creemos la encarnación misma del Derecho sobre la tierra, así sea protegidos tras el muro de Sharon. En Cuba tienen la posibilidad de tener malas leyes. Por eso no tienen ninguna necesidad de llamar Ley a la ausencia de Ley, como ocurre entre nosotros. Por lo menos en Cuba no se llama Estado de Derecho a los rincones más privilegiados de esa salvaje carnicería en la que veinticinco multinacionales se arrancan a mordiscos la carne de sus ciudadanos.
Carlos Fernández Liria
1 Acabo de escuchar en la radio que se acaba de iniciar un anteproyecto de revolución legislativa que permitirá a cada Comunidad autónoma pedir permiso por separado a las respectivas multinacionales que operen en su territorio para hacer realidad tan asombrosa utopía.
*Fragmento del libro A quien corresponda. Sobre Cuba, la Ilustración y el socialismo, publicado en 2005. Texto íntegro en La Jiribilla
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