CON FILO | Julio

La diplomacia de la cobardía: «genocidio» no es solo una palabra

Uno de los presidentes latinoamericanos que más he apreciado y defendido ha sido la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. No sólo por sus políticas sociales; me pareció digno de ella cierta postura de reconocimiento de la humanidad de los palestinos, con el valor agregado de ser ella una mujer judía. Entiendo que esto no debería tener ninguna conexión ni debería sorprender a nadie, pero dado que los sionistas han secuestrado al judaísmo hace ya mucho tiempo, no deja de ser un mérito desmarcarse de esa ideología racista, supremacista y psicótica, como lo han hecho otros grandes, como mis amigos Jill Stein, Aviva y Noam Chomsky, por no extenderme en una larga lista de ejemplos de dignidad humana.

 Luego de ponerla como ejemplo ante la vergonzosa política exterior de mi país, Uruguay (cobarde y cómplice como solo se podría entender de un gobierno gorila de la ciudad vecina, Buenos Aires) sobre el mismo tema del genocidio palestino, debo presenciar el rostro del miedo global en una mujer que consideré tan fuerte como las milenarias pirámides de su hermoso país. 

 Veo los ojos húmedos llenos de lágrimas que no son de dignidad sino de temor. Escucho sus titubeos y sus rodeos aferrados a la negación de siquiera decir la palabra genocidio (esa palabra que todos los medios y plataformas censuran para no perder visibilidad o no ser censurados por Dios Algoritmo) ante la respetuosa, razonable y valiente insistencia del periodista mexicano Ernesto Ledesma, sobre por qué el gobierno no usa la palabra “genocidio” para referirse a “el problema de Gaza”. 

 Múltiples veces me han dicho que la palabra genocidio no tiene importancia, que es solo una palabra, que no debería insistir en algo tan superficial, que hay otras palabras para decir lo mismo. Pues, bien, si es tan irrelevante, ¿Por qué no la dicen? ¿Por qué ese miedo que suda en los ojos y en las manos? 

 Por supuesto que las palabras importan. Para la Corte de Pena Internacional y para otros organismos judiciales, las palabras son engranajes cruciales de un sistema de relojería que, si falla uno, el reloj deja de funcionar o da la hora equivocada. Para un político, para un líder nacional, es algo mucho más simple, basado en principios morales. Los principios morales no son complicados. De hecho, son prejuicios fundadores, es decir, algo que no estamos dispuestos a cuestionar y que nos define como humanos morales, como un axioma define un teorema. Por ejemplo, que los seres humanos somos todos iguales o que tenemos el mismo derecho a la vida es un prejuicio fundador de la civilización que surgió con la Ilustración. Irónicamente, esa civilización que los fanáticos racistas y nacionalista y teólogos dicen defender como “Occidente”, ese mito criminal que nunca existió fuera del fanatismo de los cruzados, los inquisidores, los supremacistas blancos y sus herederos, los nazis de ayer y los pseudo libertarios de hoy―por su tradicional carencia creativa, los fascistas siempre secuestran todo lo que puede serles de algún valor, como el trabajo del esclavo; cuando no secuestran de sus enemigos palabras como libertario, se ensañan con otras como socialismo (nacional socialismo) o, lisa y llanamente, libertad, para poder ejercer la censura y la represión a gusto. 

 Las palabras tienen significados, tantos como los silencios. Los silencios de los políticos en el poder sólo significan que quien calla no tiene el poder, sino que vive de él y no quiere perderlo.

 La idea de que es mejor no decir esta o aquella palabra (genocidio) para facilitar la paz y el entendimiento ente las naciones, se choca de narices con la realidad: las peores, las más cobardes y sistemáticas matanzas de este siglo (la de Gaza, la de Palestina) ya llevan, en su peor fase, casi tres años―acompañadas de su correspondes prudencia y silencio. Entonces, ¿para qué mierda ha servido la prudencia y el silencio sino para subrayar la cobardía del poder político ante el Verdadero Poder?

 ¿Es que hasta los líderes más humanos del mundo han perdido el sentido de la decencia? 

 ¿O es que han confundido moderación con complicidad y sobrevivencia con cobardía? 

 Jorge Majfud | 28/06/2025 |

Palabras del Presidente de Cuba en clausura del Décimo Pleno del Comité Central

25 años después, la dignidad de Elián no será televisada

Los jerarcas del Opus Dei denunciados por trata de mujeres para servidumbre

43 víctimas denunciaron a la organización del ala más oscurantista de la Iglesia Católica. 

 La Fiscalía argentina imputó al sacerdote Mariano Fazio, segundo al mando del Opus Dei, por reducción a la servidumbre y trata de personas en una causa que involucra a otros jerarcas. Otra muestra del carácter barbárico de esta institución, que posee vínculos importantes con el mundo político y empresarial en Argentina y otros países. 

 La investigación judicial de los hechos, ocurridos en el Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos (Icied), comenzó en 2022 tras las denuncias de 43 víctimas durante el año anterior; la acusación se formalizó en 2024. La causa está a cargo de la Procuraduría contra la Trata de Personas y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3. 

 Inicialmente, los acusados fueron jerarcas que dirigieron la delegación argentina del Opus entre 1991 y 2022. Fazio es el principal colaborador de Fernando Ocáriz, prelado (máxima autoridad) de la institución, y el primero en la línea sucesoria. El infierno del Icied, que funcionó entre 1973 y 2017 -fue cerrado por el Ministerio de Educación bonaerense-, ha sido relatado por Claudia, una de las víctimas, en un documento. 

 Las 43 mujeres, pertenecientes a familias trabajadoras-rurales pobres y católicas, fueron reclutadas por el Opus Dei cuando eran menores de edad con la promesa de tener un hogar, ir a la escuela y acceder a un trabajo. Finalmente, trabajaron gratis durante décadas como empleadas domésticas para satisfacer las demandas de los miembros varones del Opus.

 Claudia contabilizó veintidós años y seis meses de servidumbre en el Icied. Secó miles de vasos, limpió pisos de rodillas, planchó y fregó sotanas innumerables veces, y cocinó para hombres de la élite vinculados al Opus (empresarios, políticos, jueces, académicos, terratenientes). En los casi diez mil días que trabajó, “rezó, se flageló y besó el piso al sonar el despertador, cada mañana a las 6, diciendo: te serviré” (ElDiarioAr, 29/6). 

 Las mismas penurias sufrieron otras 42 mujeres. Trabajaban desde las 6 am hasta altas horas de la noche bajo un régimen opresivo. El adoctrinamiento y la manipulación ideológica eran la norma. Bajo amenaza de castigo, debían aceptar la obligación de castidad, la ruptura de lazos familiares y sociales, y revisiones periódicas de salud que incluían medicación psiquiátrica (El País, 3/7).

 Además, no tenían acceso a medios de comunicación. Las autoridades del Icied controlaban las cartas que recibían: si anunciaban la muerte de un familiar, las ocultaban durante meses para evitar visitas; otras simplemente se descartaban. Una de las víctimas declaró en abril que sirvió directamente a Fazio. 

 El Opus Dei ha negado los cargos y pidió que se permita dar “su versión de los hechos” a los implicados. Mientras tanto, como era de esperarse -por su historial en la vulneración de derechos y la defensa de curas abusadores-, el Vaticano ignora las denuncias.

 La sotana, la política y el dinero 

El Opus Dei es una facción derechista de rasgos sectarios que pertenece a la Iglesia Católica. Fue fundada en 1928 por el sacerdote español Josemaría Escrivá de Balaguer, canonizado en 2002 por Juan Pablo II -Francisco beatificó a Álvaro del Portillo, su sucesor. Opera como una logia; en su seno hay jerarquías e impera el secretismo, y muchos de sus miembros pertenecen a la élite capitalista. Solo se sabe si alguien es del Opus cuando trasciende, pues no hay actas públicas. 

 Durante la Guerra Civil española, el Opus apoyó al bando fascista de Franco. Balaguer creía que los republicanos estaban controlados “por una camarilla de judíos, masones y comunistas empeñados en socavar a los nacionalistas y a la Iglesia” (Perfil, 15/12/2014). Algunos miembros del régimen franquista pertenecían al Opus. 

 Aprovechando sus vínculos con el franquismo, Balaguer logró expandir la organización usando los mismos métodos que Fazio y su séquito: reclutamiento de jóvenes engañados para ingresarlos a la organización, a la que entregaban sus salarios y herencias. Actualmente, los miembros célibes ejercen profesiones bien remuneradas y están obligados a ceder todo su dinero a la organización. 

 El Opus considera que el rol de la mujer debe reducirse al de ama de casa, prohíbe los anticonceptivos a los matrimonios, predica entre la juventud que el sexo prematrimonial es pecado y obliga al celibato a los solteros. A algunos miembros les colocaban un anillo de púas apretado en las piernas para “reprimir el deseo”. 

 “Las prácticas de autolesión, las técnicas agresivas de reclutamiento, la segregación de sexos en sus centros residenciales y de estudios, además de los informes de exmiembros a quienes se prohibía el contacto con sus familias, contribuyeron a la percepción de que el Opus era más una secta que una institución, pese a contar con la bendición del Papado”, señala Perfil (ídem). Los miembros de élite del Opus viven en comunidades cerradas y segregadas, actuando como células clandestinas en ciudades de todo el mundo. Su objetivo es extender su influencia entre ricos y poderosos, según el periodista Gareth Gore, autor de un libro que trata sobre los chanchullos empresariales del Opus. 

 Y así lo demostró la realidad. El presidente del Banco Popular español fue Luis Valls Taberner, miembro del Opus. La organización tuvo entre sus filas a otros banqueros españoles y a un presidente de las cajas de ahorro. Desde su posición, facilitó que un comerciante de vino se convirtiera en dueño de un holding multinacional, en una movida en la que se vieron involucradas empresas fantasma. Una versión a mayor escala del kirchnerista Lázaro Báez. El Opus, claro, se benefició de esto. 

 “El propósito de la Sindicatura era presuntamente emplear su dinero para crear redes de reclutamiento y explotación de niñas en países como Nigeria, Filipinas, Australia, Bélgica, Francia y Argentina, entre otros. Hasta cien millones de euros anuales se desviaban del banco a través de esa red”, señala Gore. El Banco Popular fue llevado a la bancarrota.

 Sus negocios se extendieron a Europa (Reino Unido, Suiza, etcétera) y América Latina (Argentina, Chile, etcétera). En Argentina, el Opus Dei es dueño de la Universidad y el Hospital Austral. Además, tuvo lazos con Gregorio Pérez Companc, que giró grandes sumas a la organización, y con Jorge Neuss, cuya familia está vinculada a Santiago y Francisco Caputo. En pleno 2000 de crisis, Neuss donó al Opus un predio de casi 5.000 hectáreas en Miramar y le construyó una mansión. 

 “Ninguna institución del Opus Dei tiene nombre religioso: Los Molinos, Universidad Austral, Universidad de los Andes (Chile), Universidad de Montevideo (Uruguay) o la Universidad de Navarra (España)”, señaló la periodista Paula Bistagnino. El Opus también tuvo vínculos con la dictadura de Videla. El Icied funcionó cerca de Campo de Mayo, el mayor centro de tortura, y obtuvo fondos gracias al militar Osvaldo Cacciatore, que estaba a cargo de la intendencia de Buenos Aires. 

 Gustavo Béliz, exfuncionario de Menem, Néstor Kirchner y Alberto Fernández, cultivó relaciones con el Opus. Jorge O’Reilly, miembro de la organización, egresado de la misma escuela que Mauricio Macri y desarrollador inmobiliario en Tigre, se alió con Sergio Massa durante su intendencia y fue su nexo con la embajada estadounidense (Revista En Defensa del Marxismo, 2023). Manzur, que obligó a una niña de 11 años a parir tras haber sido abusada y solicitar el derecho a la interrupción legal del embarazo y uno de los dirigentes favoritos de Cristina Kirchner -fue su ministro de Salud-, es un agente del Opus. También son conocidos los lazos del macrismo con la organización. Milei intentó colocar como miembro de la Corte Suprema a Manuel García-Mansilla, hombre del Opus Dei. Y la lista continúa. Ningún partido capitalista ha roto con esta lacra. 

 Nazareno Suozzi

El fallo buitre por YPF, una radiografía del saqueo de Argentina

La trama de una estafa al país por el capital imperialista, en la que tienen sus huellas dactilares los capitalistas locales y todos sus gobiernos. 

 Solo una movilización antiimperialista de los trabajadores puede terminar esta rapiña.

 El fallo del tribunal de Nueva York que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF a un buffet de abogados buitre es la coronación de uno de los capítulos más infames del saqueo de la Argentina por el imperialismo, los capitalistas criollos y sus gobiernos. Milei le echa la culpa al "inútil soviético" de Kicillof para presentarlo como el resultado de un estatismo negligente, cuando por el contrario es una muestra del carácter buitre del capitalismo argentino.

 Toda la trama que termina en este juicio es una estafa monumental, en la que dejaron sus huellas digitales los gobiernos capitalistas de todos los colores que se alternaron en las últimas décadas . 

 La demanda alega que cuando el Estado argentino expropió el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la española Repsol, en 2012, se incumplió un estatuto que ordenaba compensar por igual al resto de los accionistas. Esa norma, alevosamente inconstitucional, pretendía bloquear toda posibilidad de intervención estatal en la petrolera que rige la industria energética en el país. De respetarse se hubiera duplicado la usura que pactó el gobierno de Cristina Kirchner con Repsol en 2014, con Axel Kicillof como ministro emisario, fijando una indemnización de 8.900 millones de dólares (si contamos los intereses de los bonos con que se pagó) a pesar del vaciamiento perpetrado por el pulpo español y los pasivos ambientales con que dejó a YPF. 

 El "damnificado" sería el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que en aquel momento controlaba el 25% de las acciones de la compañía, adquiridas por medio de un fraude concertado para terminar de vaciar la petrolera. Fijémonos.

 Los Eskenazi son un exponente del empresariado que hizo buenos negocios con el remate de las empresas públicas en los '90, cuando entre otras se quedaron con el Banco de Santa Cruz durante la gobernación de Néstor Kirchner, quien por entonces desde la provincia petrolera apoyaba también la privatización menemista de YPF. Años después, el mismo Kirchner impulsaba desde la presidencia la “argentinización de YPF”... para que los Eskenazi se hicieran con el 25% de la compañía sin poner un solo peso. 

 Para eso, los Eskenazi crearon en España las firmas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos empresas fantasma sin activos ni actividad. Compraron las acciones de YPF gracias a un préstamo de un consorcio bancario y de la misma Repsol, que ni siquiera le pidieron garantías porque acordaron que se repagaba con el giro de utilidades de la propia empresa. Una maniobra fraudulenta por la cual entre 2008 y 2011 se repartieron entre ambos grupos empresarios dividendos por casi 6.000 millones de dólares, a pesar de que las ganancias fueron de unos 4.000 millones. 

 Sin reinversión alguna, YPF fue sobreendeudada (su pasivo saltó de 3.000 a 9.000 millones de dólares) mientras la producción de petróleo cayó 21% y la de gas un 10%, las reservas netas se desplomaron un 24% y la exploración tocó el punto más bajo de su historia. El país, mientras tanto, caía en un descomunal déficit en su balanza energética debido a la necesidad de importar combustibles. 

 En aquellos años, Enrique, Sebastián y Matías Eskenazi eran vicepresidente, CEO y director de la petrolera respectivamente, y cobraban millonarias bonificaciones extrasalariales que no eran aprobadas por la asamblea de accionistas. Luego de la expropiación a Repsol la administración prohibió el giro de dividendos y el Grupo Petersen se declaró en quiebra por no poder afrontar las deudas con los bancos extranjeros. En 2015 vendió el derecho a litigar a un estudio de abogados inglés, Burford Capital, por 15 millones de dólares (menos del 0,1% del monto fijado ahora por el fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska). 

 Burford es un fondo de cobertura (hedge fund), lo que significa que es un buffet de abogados caranchos que hacen negocios con la compra de derechos de litigio de empresas quebradas para después cobrar los juicios. De hecho, vendiendo parte de esos derechos ya multiplicó por 20 su "inversión" inicial en este caso. Es análogo a lo que hacen fondos buitre que compran títulos de deuda defaulteada que valen centavos para exigir después el pago total. Los argentinos ya conocemos esta carroña.

 Es un secreto a voces que entre los que se asociaron a Burford en este megaestafa hay varios empresarios argentinos. Una prueba es que parte de la sentencia sería cobrada por el fondo buitre Eton Park Managment, socia de Pampa Energía en el negocio con las privatizadas energéticas, incluidos enjuagues como la compra fantasma de la empresa Iecsa al entonces presidente Macri y su primo Ángelo Calcaterra. Usó para eso la plata que cobró del fallo de Thomas Griesa (precursor de Preska), que obligó a pagarle casi 10.000 millones de dólares a un puñado de fondos buitre que no ingresaron a los canjes de deuda de los Kirchner. 

 Burford supo aprovechar los tiempos políticos. Inició sus acciones legales cuando Cristina y Kicillof ya ensayaban su política de “vuelta los mercados”, que incluía el pago de todas las sentencias contra Argentina en los tribunales internacionales del Ciadi -que insumieron 1.000 millones de dólares durante los últimos años del mandato de CFK. Como todavía hoy tenemos a un gobierno cuya estrategia se reduce a lograr acceder al mercado de crédito internacional, podemos descontar que la apelación de Milei a este fallo solo busca ganar tiempo y finalmente negociar el pago multimillonario mediante una nueva megaemisión de bonos de deuda.

 Lo dicho permite ver que la política de intentar complacer al capital financiero internacional es como un barril sin fondo, y que el saqueo del país por estos buitres es lo verdaderamente inviable. No el "sovietismo", sino el estatismo capitalista. Por eso en solo una semana el "market friendly" Milei vio cómo el JP Morgan le bajó el pulgar a la bicicleta financiera con bonos de deuda y el Morgan Stanley mantuvo la peor calificación para la inversión en acciones argentinas. Ahora, con el fallo buitre, se recrudecen las dudas sobre la capacidad de pago de los vencimientos de deuda, y además se complican operaciones de endeudamiento corporativo como la que iba a financiar el oleoducto Vaca Muerta Sur para exportar crudo. 

 Esta estafa es el corolario lógico de la "renacionalización" trucha de YPF por el kirchnerismo, que mantuvo a la compañía como sociedad anónima que cotiza en Wall Street y se asoció a la yanqui Chevron para impulsar el negocio de Vaca Muerta. Hoy los habitantes del país pagamos el triple por calefaccionarnos y la nafta a precio internacional, mientras un puñado de pulpos hizo grandes negocios exportando petróleo. Por esa orientación social, y cuando su estrategia es que el gran capital los vaya a buscar cuando fracase el experimento Milei, el peronismo ni insinúa la necesidad de una movilización popular contra esta intromisión buitre de un juzgado de Nueva York que ni siquiera tiene competencia en el asunto. 

 Solo la clase obrera tiene un interés en combatir este saqueo, y puede impulsar una movilización antiimperialista del pueblo argentino para impedir que se consume esta nueva estafa, reclamar la nacionalización integral de la industria energética en función de las necesidades del país, y en definitiva pelear por la ruptura con el capital financiero internacional que hunde a la Argentina en un espiral descendente de devaluaciones, defaults, tarifazos y empobrecimiento.

 Iván Hirsch

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